Ayer hablábamos de la disfunción estructural que permite que residan enormes poderes políticos en la esfera comunitaria. Y, con independencia de cuán legítimos resulten, decíamos que si bien esos poderes habían sido aprovechados en otras épocas en pro del proyecto europeo, en la actualidad los líderes nacionales no están por la labor. Buena prueba de ello es el modo en el que se ha gestionado la adhesión de los países del Este.

Desde el momento en el que se desmoronó el muró de Berlín, nadie dudó acerca de la conveniencia de que las dos Europas antes divididas no sólo se reconciliasen sino que se reencontrasen para formar una sola. La reunificación alemana sentó las bases de una respuesta solidaria del Oeste capitalista para con el Este comunista, de modo que pronto se establecieron las negociaciones oportunas para que fuera posible el ingreso en la Unión del resto de países de la Europa oriental. Las dificultades eran muchas: los Estados candidatos debían adaptar su sistema político a las exigencias democráticas, transformar radicalmente su economía para permitir el libre mercado y articular un Estado de derecho que garantizase plenamente el respeto de las libertades y los derechos fundamentales. Evidentemente, reformas de tan profundo calado no podían realizarse de la noche a la mañana, y menos cuando una mentalidad tan diferente como férrea había imperado durante décadas. De ahí que en principio se decidiera que los países del Este irían accediendo a la Unión conforme fueran cumpliendo los requisitos que se les exigían.

Pero mediada la década de los 90 algo cambió en Europa. Primero no pudo alcanzarse un acuerdo acerca de las reformas institucionales que se antojaban imprescindibles ante el ingreso de diez nuevos miembros (Tratado de Ámsterdam, 1997). Después se llegó a un acuerdo al respecto, aunque se trataba de un cierre en falso del problema en tanto que simplemente se parcheaban las instituciones existentes, en lugar de acometer una reforma en conjunto del sistema institucional (Tratado de Niza, 1999). Tras esto se decidió alterar la estrategia que guiaba la ampliación, estableciendo como fecha común para el acceso de todos los Estados miembros el 1 de mayo de 2004. Y desde entonces la reforma institucional sigue pendiente, pues no pudo ratificarse ni el Tratado Constitucional ni, de momento, el de Lisboa.

La consecuencia más evidente de esta sucesión de hechos es que accedieron a la Unión como miembros de pleno derecho Estados que todavía no habían asentado mínimamente su sistema democrático y que no garantizaban la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos de manera homologable a cómo son tutelados en el resto de la Unión. El ejemplo paradigmático de esto último es el Gobierno polaco y su convalidación del trato (y las palizas) que allí reciben los homosexuales que se atreven a hacer pública su condición. Un control más estricto del cumplimiento de los criterios de acceso, en lugar de adoptar la estrategia de puertas abiertas para todos al mismo tiempo, hubiera permitido introducir sensibles mejoras en las condiciones democráticas de estos países: el afán por asegurar la adhesión siempre ha supuesto el mejor estímulo para realizar transformaciones (a veces dolorosas) en un país. De eso algo sabemos en España.

Pero el mayor daño al proceso de integración europea no proviene de sus nuevos socios, sino que le fue infligido por los líderes de los entonces ya miembros. En efecto, en todas las decisiones mencionadas más arriba ha existido siempre un pernicioso elemento común, que es que el interés europeo se ha subordinado al nacional. No es que esto no sucediera antes, pues ejemplos de nacionalismos, algunos exacerbados, ha habido muchos a lo largo del proceso de integración, pero lo cierto es que no se trataba de un comportamiento generalizado. Con su actitud demostrada desde mediados de los 90 hasta ahora, empleando estrategias negociadoras con la mirada fija en el interés nacional, los líderes europeos no han transmitido a los nuevos socios de la Unión que éste es un club que tiene como finalidad última, al menos implícitamente, la integración política. Dan a entender, en cambio, que la Unión es simplemente un foro de cooperación internacional a escala europea en el que uno puede participar de lo que le interesa y descartar lo menos conveniente. Con esto vengo a decir que el compromiso de muchos de los nuevos miembros para con el proyecto histórico de integración europea es más bien escaso, pero la responsabilidad no es enteramente suya, ni mucho menos, porque no hacen más que imitar el comportamiento de los socios históricos.

¿Y qué tiene que ver todo esto con las elecciones al Parlamento Europeo? Pues que los partidos que hoy en día se enfrentan en los comicios son cómplices de este comportamiento. Por no denunciarlo, por renacionalizar el contenido de los debates y, sobre todo, por renunciar por dejadez o desidia (confiemos en que no sea algo premeditado) al espíritu original del proyecto europeo.