Si a finales de este mes el Tribunal Constitucional Federal alemán declara su compatibilidad con la Constitución alemana, si los ciudadanos irlandeses lo aprueban en el nuevo referéndum que se convocará en octubre y si los presidentes polaco y checo estampan definitivamente su firma en los correspondientes documentos de ratificación, podrá entrar en vigor el Tratado de Lisboa, que introduce algunos cambios institucionales de importancia en la Unión Europea. Entre ellos destaca el establecimiento de la figura del presidente de la Unión, cargo para el que desde hace ya algún tiempo suena el nombre de Tony Blair.

Muchas son las razones por las que se puede cuestionar esta propuesta. En primer lugar, porque en un momento en el que el proceso de integración precisa de un vigoroso impulso político tal vez no sea suficiente el compromiso para con el proyecto europeo que pueda demostrar un británico. En segundo lugar, porque su labor como mediador en el conflicto en Oriente Medio no ha obtenido ningún resultado tangible y en general está pasando inadvertida (no sabemos si porque él está siendo particularmente discreto o porque lo son sus gestiones). Y en tercer lugar, porque su figura, inevitablemente asociada a la foto de las Azores, suscita divisiones tanto en su propio país como en el resto de Europa y del mundo. Y si los ciudadanos europeos no podemos elegir al presidente de la Unión, al menos éste deberá suscitar un consenso generalizado, porque otra cosa sólo profundizaría los ya enormes problemas de legitimidad de las instituciones comunitarias.

El Gobierno español de Rodríguez Zapatero, tan enfrentado en su momento a quienes respaldaron la guerra de Irak, apuesta ahora por la renovación de Durão Barroso como presidente de la Comisión Europea. Desde el aluvión de críticas provocadas por la forma de anunciar la retirada de tropas de esa “guerra”, nuestra política europea está caracterizada por un particular miedo a discrepar. Nadie puede descartar, por tanto, que también apoyemos la candidatura de Blair. Pero existe otra opción que tal vez no se ha sopesado lo suficiente: la de presentar una candidatura alternativa. Y en eso España cuenta con una excelente baza, un candidato respetado en el conjunto de la Unión y que suscita adhesiones generalizadas (no en vano ha sido nombrado, a propuesta de Sarkozy y Merkel, presidente del Grupo de Reflexión sobre el futuro de Europa). Se trata, como es obvio, de Felipe González. Su figura suscita un acuerdo transversal tanto fuera como dentro de España, y con indiferencia de las filiaciones políticas de cada uno, se le reconocen una valía y un bagaje político importantes.

Algunos consideran que no sería un candidato válido por no hablar idiomas, pero tan sólo existen dos impedimentos claros para que una eventual candidatura con su nombre progresase. El primero es que ya existe un español ocupando uno de los cargos de máxima influencia de la Unión, cual es el de Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común. Javier Solana lleva una década desempeñando con notable éxito esa labor, pero por esa misma razón no se puede descartar que pronto se decida un relevo. El segundo impedimento es él mismo. Durante los años 90 el canciller Kohl y el influyente Jacques Delors (nuevamente el eje franco-alemán) le propusieron para dirigir la Comisión europea, pero él declinó la oferta.

Hace unos días diagnosticábamos como uno de los problemas del proceso de integración el poco europeísmo de aquellos que ejercen los extraordinarios poderes de los que dispone la Unión. Tal vez sea el momento de rescatar a líderes que aún  tengan una visión global e histórica del proceso. No es probable que Zapatero respalde una propuesta que revitalice el momento más sombrío del socialismo español, protagonizado por el asunto de los GAL, y menos después de que Felipe González le haya desautorizado en numerosas ocasiones (la última ayer mismo, reivindicando un candidato socialista para presidir la Comisión). Pero valorar y aprovechar el potencial del que disponemos sólo puede redundar en nuestro beneficio y en el del conjunto de Europa. En todo caso es urgente que nuestro Gobierno supere el miedo a discrepar si quienes dirigen la nave pretenden llevarla por una ruta que no es de nuestro agrado, porque hay decisiones que pueden tener efectos difícilmente reversibles.